La Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió a Daniel Ortega que adelante las elecciones

La Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió el sábado al presidente Daniel Ortega que acepte «formalmente» la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones generales, para así facilitar el diálogo nacional que busca una salida a la crisis que deja cerca de 220 muertos desde el 18 de abril.

Sólo el sábado el número de fallecidos en las operaciones de las fuerzas progubernamentales contra protestas opositoras en Managua y Masaya llegó a ocho personas.

En una carta publicada este sábado, el Episcopado solicitó a Ortega que «comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el jueves 7 de junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo de 2019″.

Ortega mostró el pasado 13 de junio, en su respuesta a lo planteado por los obispos el día 7, su «disposición de escuchar una propuesta», y dijo que lo haría «dentro del marco constitucional, de las leyes que rigen el país», que establecen que las elecciones presidenciales deben darse cada cinco años, es decir, hasta 2021.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) también le resaltó a Ortega que aceptar la propuesta de adelanto de los comicios es «imprescindible para agilizar nuestra labor en favor de los nicaragüenses, sin excepción alguna».

El Episcopado extendió la carta al presidente un día después de que los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a excepción de Venezuela, respaldaran un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala la responsabilidad del Gobierno nicaragüense en la muerte de al menos 212 personas, 1.337 heridos y 507 personas privados de la libertad.

El mismo sábado el Episcopado convocó para el próximo lunes el reinicio del diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, grupo que ya confirmó su presencia.

El diálogo nacional será reactivado en las tres mesas ya establecidas: la Comisión de Verificación y Seguridad, la Comisión Electoral, y la Comisión Judicial.

Desde la madrugada de este sábado las llamadas «fuerzas combinadas» del Gobierno atacaron de manera simultánea la zona este y suroeste de Managua y en la ciudad de Masaya, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas, entre ellas un bebé de poco más de un año, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La madre del bebé, Karina Navarrete, relató a los medios que caminaba por la calle junto a su familia cuando «comenzaron a rafaguearnos y solo el niño resultó herido».

Denunció que el informe emitido por los forenses de Medicina Legal recoge que el bebé falleció a consecuencia de herida de arma blanca, algo que, dijo, es una estrategia para ocultar que su hijo fue alcanzado por una bala de los sandinistas.

Unicef dijo el miércoles en un comunicado que durante la crisis al menos once niños y adolescentes han perdido la vida de forma violenta y que se reportan casos de menores heridos y desaparecidos, e hizo un llamamiento urgente al Estado y a la sociedad nicaragüenses «para que se asegure la protección de la niñez y de la adolescencia».

En las últimas horas también murieron dos estudiantes universitarios y otros 15 resultaron heridos en un ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) atribuido a fuerzas del Gobierno que, de acuerdo a los testigos, incluso usaron drones.

La Alianza Cívica anunció el sábado que podría llamar a un nuevo paro nacional, esta vez de 48 horas, para presionar a Ortega con el objetivo de que cese la represión. La medida dio resultado el pasado 14 de junio, cuando obligó al presidente a aceptar la presencia de organismos internacionales en Nicaragua tras mostrar renuencia a ello.

Desde el 18 de abril pasado Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.