Procuraduría: tres diputados y dos directivos del BCR faltaron a probidad en ‘cementazo’

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

Los diputados Otto Guevara del Movimiento Libertario (ML), Víctor Morales Zapata (Independiente) y Johnny Leiva del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) faltaron a la probidad en el caso del cemento chino.

Además, la misma falta se les atribuye a los miembros suspendidos de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) Paola Mora y Alberto Raven, así como al secretario de actas de la institución, Pablo Villegas.

Así lo concluyó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que ya remitió seis criterios de los 29 solicitados por la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, donde se analizaron las presuntas anomalías en los préstamos de más de $30 millones que el BCR otorgó al empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento desde China.

Tras analizar los casos, la Procuraduría remitió informes a la Asamblea Legislativa para que tome una decisión con respecto a los diputados señalados, así como a Consejo de Gobierno en el caso de los directores del BCR y a la Junta Directiva de ese banco con respecto a su secretario de actas.

El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, confirmó que se recibió la información. Sin embargo, indicó que se respondió a la Procuraduría que actualmente la Asamblea Legislativa carece de un método para sancionar diputados.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, dijo que desconoce los informes, pese a que estos se remitieron al Consejo de Gobierno desde el pasado 14 de marzo.

El informe de 204 páginas elaborado en el foro legislativo recomienda sanciones para al menos 29 personas, entre estas el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, así como para diputados en ejercicio, diputados electos, magistrados y fiscales. No obstante, el resto de casos continúan en análisis, según confirmó la Procuraduría.

Así mismo, el abogado del Estado indicó que ‘hay hechos que ya están denunciados ante el Ministerio Público, en los cuales la Procuraduría se encuentra apersonada y ejercerá la defensa de los intereses estatales, en el momento oportuno’.

Sobre el tema, Alberto Raven manifestó que él como directivo cuestionó la capacidad de pago y experiencia de la empresa de Juan Carlos Bolaños, lo que a los ojos de la Procuraduría no debía hacer por haber sido abogado de la firma cementera Holcim.