Procuraduría de la Ética desestima denuncia por supuesta usurpación de autoridad durante huelga judicial

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desestimó la denuncia por supuesta usurpación de autoridad planteada durante la huelga del Poder Judicial, cuando la Fuerza Pública reforzó la seguridad en la Morgue.

El reclamo se presentó en contra del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, y en contra del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, tras considerar que el alto juez no tenía potestades para ordenar el despliegue de la Fuerza Pública, y que, por ende, el ministro no debió obedecer la orden.

Tras analizar el caso, la Procuraduría regañó a Gamboa por inconsistencias con respecto a sus declaraciones, ya que manifestó en su cuenta de Twitter haber hecho la solicitud como ciudadano; y posteriormente en medios de comunicación admitió haber gestionado la petición en el ejercicio de su cargo.

Eso sí, señaló que la solicitud del magistrado no representó una actuación contra la ética pública. Además, descartó alguna falta por parte de Mata, ya que, según constató el propio ministro, ni siquiera se encontraba en ese momento en el país.

La huelga del Poder Judicial impidió la realización de autopsias y causó la acumulación de hasta 35 cuerpos en la Morgue Judicial. Por este motivo, ante la negativa de los huelguistas de reanudar esos servicios, la Fuerza Pública reforzó la seguridad para proteger a los médicos que llevarían a cabo las labores.

Según añadió Mata, en ese momento la solicitud fue atendida por la viceministra de Seguridad, María Fullmen Salazar, quien actuó conforme a la Ley.

La denuncia contra Mata y Gamboa se amplió posteriormente en contra del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, el director del OIJ, Walter Espinoza, y el viceministro de Seguridad, Juan José Andrade, por supuestas violaciones al principio de probidad.

No obstante, la Procuraduría de la Ética declaró esa queja como inadmisible, pues carece de competencias para determinar si existió una intromisión de poderes.