Procuraduría ratifica ilegalidad de pago por prohibición a viceministra de Presidencia

Redacción.

La Procuraduría General de la República (PGR) finalmente aclaró las dudas del Gobierno con respecto al pago de más de ¢30 millones adicionales al salario que recibió la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, por concepto de prohibición.

Pese a que la funcionaria defendió dicho incentivo el abogado del Estado determinó, en respuesta a la consulta planteada por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que el pago del 65% sobre el salario base no es aplicable para Zúñiga, pues pese a ser abogada, no se encuentra colegiada ante el ente respectivo.

En su dictamen, la Procuraduría señaló que para tener derecho a la compensación económica derivada de la prohibición “es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción, ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión”.

Con respecto a este señalamiento, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, consideró que la funcionaria debe devolver el dinero al Estado, y ser despedida de su puesto de manera inmediata.

Sumado a esto, la Procuraduría indicó en su informe que “los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho no pueden ejercer liberalmente la abogacía, pues para ello es necesario que hayan obtenido el grado académico de licenciatura, y que sean miembros activos del Colegio de Abogados de Costa Rica”.

Este criterio complementa el informe preparado por los diputados tras la comparecencia de Zúñiga ante la Comisión de Ingreso y Gasto; en el cual se exige a la viceministra que devuelva a la administración el monto millonario obtenido de forma ilegal.

De acuerdo con el legislador del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara, la funcionaria debe ser removida de su cargo si no procede con el retorno del dinero.

Por su parte el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, indicó que el Gobierno deberá analizar con profundidad el señalamiento del abogado del Estado.

Sin embargo, indicó que se tomarán decisiones basadas en lo que el documento concluya.

El documento no se refirió al caso de Zúñiga en específico, por lo que contempla en general la situación del pago por prohibición, que previamente generó también polémica con la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, quien tras las críticas acudió a un préstamo personal para cancelar el monto que se le pagó ilegalmente.

Además, en los últimos meses se conoció el caso del viceministro de Paz, Víctor Barrantes, quien solicitó suspender este pago a la administración hasta contar con una aclaración.

El primero de los pagos ilegales en el actual Gobierno se registró con la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, quien alegó un error del departamento de Recursos Humanos y se acogió a un arreglo de pago para devolver el dinero.