Corte Plena suma oposición a plan de Supen para reformar pensiones judiciales

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El plan de la Superintendencia de Pensiones (Supen) para reformar el régimen de jubilación del Poder Judicial continúa sumando oposición.

En primera instancia los sindicatos judiciales manifestaron su descontento con el plan adoptado por los diputados para limitar las pensiones, mediante un paro de labores y una marcha masiva que culminó en la Asamblea Legislativa.

El malestar que generó la propuesta de Supen ahora también abarca a los magistrados de la Corte Plena, quienes tampoco están de acuerdo con la iniciativa de la Superintendencia.

La Supen calculó un déficit de alrededor de ¢5,3 billones en el sistema actual de pensiones judiciales y propuso una serie de cambios, entre los cuales destaca que se fije un tope máximo de ¢3,9 millones mensuales a las jubilaciones.

De acuerdo con el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, es necesario tomar en cuenta otro plan que establezca condiciones dignas de retiro para los funcionarios judiciales actuales y los futuros.

En un comunicado que la Corte emitió a los empleados y jubilados del Poder Judicial, los magistrados recalcaron que se dio una reunión con el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, a quien solicitaron explicaciones sobre las bases de su iniciativa, y de paso expresaron su rechazo al proyecto.

Ramos también tuvo un acercamiento con los sindicatos judiciales, los cuales mantienen su posición de que el plan se retire, o de lo contrario irán a huelga nacional después de Semana Santa.

En este sentido, Gamboa dijo que la Corte se mantendrá expectante de lo que decidan los empleados del Poder Judicial.

Otra de las modificaciones que impulsa la Supen es que el tope de edad para pensionarse sea de 65 años, y no de 62. Además, que el monto de la pensión se calcule con base a un promedio del 80% de los salarios devengados durante la vida laboral, y que que ninguna pensión sea mayor a diez salarios base del puesto de menor salario en el Poder Judicial.

Los diputados, que son quienes tendrán la última palabra, decidieron esperar hasta julio para dictaminar el texto impulsado por Supen o bien descartarlo, mientras la Corte entrega la última parte de un estudio actuarial que está elaborando la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mientras tanto, la Corte Plena mantiene su posición de que ‘no busca pensiones de lujo, pero tampoco admitirá pensiones que perjudiquen a la gran familia judicial’.