Empleados judiciales irán a huelga en dos semanas si diputados no descartan plan de Supen

05 abril 17

Anejud afirma que PLN prometió presentar plan con ideas de gremios

Empleados judiciales irán a huelga en dos semanas si diputados no descartan plan de Supen

 

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El texto que actualmente analizan los diputados para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial continúa bajo la lupa de los sindicatos.

El gremio solicitó el pasado lunes, en una marcha multitudinaria, que se retire el proyecto promovido por la Superintendencia de Pensiones (Supen), y negaron la afirmación de esta entidad, que calculó un déficit de ¢5,3 billones en el sistema de jubilación actual.

Ante esto, los diputados acordaron alargar el plazo hasta finales de julio para dictaminar el proyecto, mientras la Corte entrega el último estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica, que estaría listo en un lapso similar.

De acuerdo con Álvaro Castro, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), la posición del gremio es tajante: o se retira la propuesta de Supen, o habrá una huelga después de Semana Santa, que paralizaría los servicios del Poder Judicial.

 

 

Por su parte la diputada del Movimiento Libertario (ML), Natalia Díaz, explicó que es posible que se realicen nuevas audiencias en el seno de la Comisión Especial del Régimen de Pensiones del Poder Judicial, para analizar posibles cambios en la iniciativa.

Eso sí, consideró que el plan promovido por Supen será el que se mantenga como base.

 

 

En la propuesta de Supen destacan aspectos como que el monto de la pensión de los funcionarios se calcule con base a un promedio del 80% de los salarios devengados durante la vida laboral.

Además, que ninguna pensión sea mayor a diez salarios base del puesto de menor salario en el Poder Judicial.

Así mismo, se establece que aquellos empleados que tengan 15 o más años de laborar en el Poder Judicial puedan obtener una pensión equivalente al promedio de la totalidad de los salarios devengados. Eso sí, siempre y cuando el funcionario tenga no menos de 65 años de edad y un mínimo de 30 años de trabajar para este Poder de la República.

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