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Plan para extraditar nacionales divide a ministerios de Seguridad y Justicia

02 abril, 2017

Proyecto es respaldado por el Ministerio Público

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

Mientras que el Ministerio de Seguridad respalda la aprobación de una reforma constitucional que permita la extradición de nacionales a otros países, la cartera de Justicia se opone rotundamente.

Esta posibilidad es perseguida por algunas autoridades, que visualizan la extradición como una medida para combatir a las agrupaciones criminales cuyos delitos también involucran o perjudican a otras naciones.

La aprobación del plan permitiría que los costarricenses que se dediquen al tráfico internacional de drogas, terrorismo, trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, entre otras actividades ilícitas; puedan ser sentenciados por sus crímenes en otras latitudes.

El jerarca de Seguridad, Gustavo Mata, señaló que la medida disminuiría la cantidad de personas recluidas en los centros penales, y agilizaría la capacidad de juzgar a los delincuentes en aquellos países donde hay pruebas concretas de sus crímenes.

 

Sin embargo, este criterio dista de lo considerado por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, quien aseguró que la mayoría de personas que permanecen detenidas en las cárceles descuentan penas por delitos contra la propiedad o por la venta local de pequeñas cantidades de droga, actividad conocida por las autoridades como narcomenudeo.

Sumado a esto, consideró que la extradición atenta contra los principios del Estado de Derecho.

 

Estadísticas del Ministerio de Justicia y Paz indican que hasta el pasado mes de noviembre alrededor de 2 mil 400 personas, de una población cercana a los 13 mil privados de libertad, descuentan penas de cárcel ligadas a delitos por drogas.

En el caso específico del tráfico internacional de drogas, son 245 reos los que, hasta esa fecha, contaban con una condena en firme por este tipo de actividad ilegal.

Además del ministro de Seguridad, otras autoridades han manifestado su apoyo al proyecto para extraditar nacionales, entre estas el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa; y el fiscal general de la República, Jorge Chavarría.

El plan fue presentado en el Congreso desde la legislatura anterior. No obstante, por tratarse de una reforma a la Constitución Política, los diputados que inicien labores en el 2018 serían quienes puedan decidir su eventual rechazo o aprobación.



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