¡Un caso más! Surgen dudas sobre incentivo salarial pagado a viceministro de Paz

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

Los cuestionamientos en torno al incentivo salarial por prohibición se convierten en un asunto cada vez más frecuente en el gobierno de Luis Guillermo Solís.

El incentivo, estipulado en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, continúa generando interrogantes en la dirección de Recursos Humanos de distintas instituciones públicas.

Ahora, a las situaciones ya conocidas se suma la del viceministro de Paz, Víctor Barrantes, quien dijo que solicitó a la cartera revisar si el pago del 65% del salario base es procedente en su caso, pues aunque es licenciado en Derecho no se encuentra colegiado.

El funcionario indicó que decidió revisar su condición a raíz de los cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas, tanto con la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, como el de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.

Además, señaló que a partir de este mes se le suspendió un 20% del incentivo, mientras la Procuraduría y la Contraloría General de la República resuelven las consultas planteadas sobre el tema.

En el caso de Barrantes, el 65% del salario base que se le paga como incentivo representa un monto cercano a los ¢400 mil, según explicó el viceministro.

Además, indicó que recurrirá a un préstamo bancario o un arreglo de pago para devolver el monto que corresponda, si se llega a detectar alguna irregularidad.

La primera de las polémicas por el pago indebido de la prohibición, durante el actual gobierno, se dio con la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, quien se sometió voluntariamente a un arreglo de pago.