Sala Tercera puso fin a demanda de Industrias Infinito contra diputado Edgardo Araya

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

La Sala Tercera puso este viernes punto final a la demanda que Industrias Infinito interpuso en contra del diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, por supuesta difamación.

La empresa minera denunció a Araya cuando éste formaba parte de un movimiento ambientalista en contra del fallido proyecto Crucitas, en Cutris de San Carlos, generando que el legislador por cuenta propia renunciara a su inmunidad, y posteriormente a la prescripción de la causa.

Dicha acción garantizó la continuidad del proceso, y permitió la realización del juicio el pasado 17 de noviembre. No obstante, la representación legal de Infinito no se presentó, ni emitió una justificación por su ausencia.

Este aspecto, al igual que el ausentismo de la parte acusadora en otras ocasiones, incidió en que el máximo tribunal costarricense en materia penal dictara el sobreseimiento definitivo de la causa.

Así lo confirmó el presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla.

La determinación de los jueces fue celebrada por Araya, quien manifestó que la acusación en su contra no tenía otra intención que la de amedrentar la lucha social, que se emprendió para evitar la minería a cielo abierto en el país.

El congresista dijo que espera que lo señalado por el Tribunal también sirva como aporte para el arbitraje internacional que deberá enfrentar el Gobierno por este tema.

En su demanda, la empresa minera solicitaba el pago de $1 millón por concepto de daños y perjuicios.

No obstante, ahora se verá obligada a pagar a Araya las costas procesales y personales, tanto en el extremo penal como en el civil, según condenaron los jueces.

En este último sentido, el diputado manifestó que serán sus abogados quienes se encarguen de valorar el monto que Infinito deba cancelar.

Araya dijo que se pondrá a disposición del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), para colaborar con el arbitraje impulsado por la empresa minera, tras el fallo judicial que representó su salida del país.