Ana Gabriel Zúñiga atribuye a transparencia del gobierno descubrimiento del «error» en su plus salarial

06 mayo 17

Viceministra dijo que discusión actual del tema es producto del Gobierno Abierto

Ana Gabriel Zúñiga atribuye a transparencia del gobierno descubrimiento del «error» en su plus salarial

 

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
Twitter: @Luisferms

La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, finalmente se refirió al polémico pago por prohibición que recibió de manera ilegal durante más de dos años y medio, el cual superaría los ¢30 millones.

Eso sí, la funcionaria no lo hizo ante los medios de comunicación nacionales ni ante otras instancias que esperaban su reacción, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) indicara que el incentivo no aplica para los profesionales en Derecho que no están colegiados, como sucede en su caso.

La viceministra habló sobre el tema este sábado durante su participación en un foro de jóvenes de la Unesco, en el cual mencionó que la transparencia que maneja el Gobierno Abierto permitió descubrir que existía un problema con su pago, así como con el de otros funcionarios públicos que también han estado envueltos en la polémica.

De acuerdo con Zúñiga, la situación se detectó gracias a que el Poder Ejecutivo impulsó publicar las planillas de sus funcionarios en una plataforma web.

 

 

Por otra parte, la funcionaria se refirió en específico a los pagos irregulares que recibieron tanto ella como la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, y la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz.

Según dijo, las mujeres resultaron ser las ‘más sexys’ para atraer críticas.

 

 

Ana Gabriel Zúñiga devolvió la semana anterior ¢8 millones al Estado, correspondientes al 20% del pago que recibió por prohibición, ya que, según alegó, el criterio de la Procuraduría le permite recibir el 45% del incentivo.

No obstante, aún está pendiente el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), así como un proceso administrativo que inició el Ministerio de la Presidencia.

El caso de Zúñiga, al igual que el de Trejos, son investigados paralelamente por la Fiscalía General de la República, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.