Justicia posterga decisión sobre millonario incentivo pagado a viceministro de Paz

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El Ministerio de Justicia aún no toma una decisión con respecto al incentivo por prohibición pagado, en apariencia irregularmente, al viceministro de Paz, Víctor Barrantes.

El funcionario, quien es licenciado en Derecho, solicitó a la cartera el pasado mes de marzo que revisara si este beneficio, que corresponde a un 65% adicional de sueldo calculado sobre el salario base, era procedente o no en su caso, pues no se encuentra colegiado.

Esto tras la polémica en que se vieron envueltas la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos; y la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, quienes recibieron pagos millonarios pese a no cumplir con los requisitos.

A raíz de estas situaciones el Poder Ejecutivo solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó que el pago por prohibición no es procedente en aquellos casos en que el funcionario no se encuentra incorporado a su colegio profesional, como sucedió en los casos de Zúñiga y Trejos, y también de Barrantes.

Sin embargo, pese a contar con este señalamiento del abogado del Estado, Justicia indicó que esperará a que la Contraloría General de la República se pronuncie al respecto.

El viceministro de Gestión Estratégica de la cartera, Alejandro Redondo, manifestó que Barrantes está dispuesto a devolver el dinero, si así lo concluyen los informes pendientes.

En el caso de Barrantes, el 65% del salario base que se le paga como incentivo representa un monto cercano a los ¢400 mil mensuales, según explicó el mismo funcionario semanas atrás.

Aunque la institución dijo tener definido el monto exacto que el viceministro tendría que devolver, prefirió no darlo a conocer por el momento.

A los casos ya conocidos en este Gobierno se sumó recientemente el del ministro de Turismo, Mauricio Ventura. Según dio a conocer el Diario La Nación, el jerarca, quien es máster en Administración, habría recibido ¢25 millones por concepto de prohibición pese a no estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.