Fiscalía investiga aparente enriquecimiento ilícito en sobrepago a viceministras

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El incentivo salarial por concepto de prohibición pagado a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, y a la exviceministra de Vivienda y ahora directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Ana Cristina Trejos, también es investigado en el ámbito penal.

Los sobresueldos otorgados a Zúñiga y a Trejos son analizados desde el pasado 28 de febrero por el Ministerio Público, que abrió una causa de oficio contra las funcionarias por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según confirmó la oficina de prensa del órgano acusador del Estado, la investigación la lleva la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que se encuentra actualmente a la espera del informe de los hechos que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, calificó como positivo el proceso que inició el Ministerio Público para determinar si en este caso debe haber consecuencias penales.

En el caso de Trejos, el monto pagado de manera irregular se calculó en ¢10 millones, los cuales ella canceló recientemente mediante un préstamo bancario; mientras que en cuanto a Zúñiga la cifra ronda los ¢30 millones.

Con respecto a este último monto, aún se desconoce si la funcionaria de Presidencia lo devolverá al Estado, pues el pasado jueves en una comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto la viceministra insistió en que recibió el dinero en apego a la Ley de compensación por pago de Prohibición.

De acuerdo con el diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, las respuestas en ese espacio fueron poco claras, por lo que es conveniente que la Fiscalía se sume a las averiguaciones.

El pago del incentivo fue desacreditado por la contralora general, Marta Acosta, quien señaló que el sobresueldo no es procedente cuando un funcionario no se encuentra colegiado, tal como resultó en los casos de Zúñiga y Trejos.

Por el momento la causa se encuentra en etapa preparatoria, que consiste en recolección y análisis de pruebas.

Sumado a los casos mencionados, durante el actual gobierno también se determinó el pago irregular del incentivo por prohibición a la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, quien se apegó voluntariamente a un arreglo de pago.

El último caso fue el del viceministro de Paz, Víctor Barrantes, quien pidió que se le suspendiera parte del incentivo hasta que se concluya el análisis que realiza el Departamento de Recursos Humanos de la cartera de Justicia.