Se terminó el secreto bancario en Uruguay

El Senado de Uruguay aprobó la ley de transparencia fiscal, que «da un golpe casi mortal» al secreto bancario, de acuerdo a las palabras del propio presidente del Banco Central, Mario Bergara.

Según informa el periódico El País, el Ejecutivo definió el monto a partir del cual se deberá informar a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, promedio anual y rendimiento de los depósitos bancarios: será deUSD 50.000 para residentes, tanto personas físicas como jurídicas.

El mismo diario consigna que la Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -además de flexibilizar el secreto bancario- obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales.

Tan importante como la ley, es la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo en las próximas horas. Allí se establecerá que todas las cuentas de residentes con depósitos superiores a USD 50.000 deberán reportar su saldo, promedio anual y rendimiento al fisco, adelantó a El País el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Para los no residentes se respetará el estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): más de USD 250.000 para cuentas a nombre de personas jurídicas y más de USD 1.000.000 en el caso de personas físicas. Ferreri aclaró que esos montos regirán el primer año, pero desde 2018 se deberán informar todos los depósitos de extranjeros sin importar el monto.

El medio de Montevideo agrega que la aprobación de la ley responde a que Uruguay se comprometió a comenzar en 2018 el intercambio automático de información tributaria -al que ya adhirieron 86 países- y para ello necesita los reportes de saldos en cuentas bancarias de no residentes del ejercicio 2017.

La información bancaria de los extranjeros será enviada al fisco de su país de origen en el marco de esa cooperación, mientras que los datos sobre residentes serán usados por la DGI para tareas de fiscalización.

«Están haciendo los deberes que ni siquiera les pide la OCDE. Yo hubiera sido partidario de ser reticente. Es una nueva forma de imperialismo que hay. El Frente Amplio, que era anti-imperialista, ahora está arrodillado ante el imperio», afirmó.

Jorge Larrañaga – Senador de Alianza Nacional (Partido Nacional)

Sostuvo que «no se puede evitar» el «tren de la transparencia» fiscal y por eso en general acompañó el proyecto. Cuestionó que «por vía reglamentaria se puede avanzar más que lo que exige la OCDE» y eso sería un «aprovechamiento totalmente indebido».

José Mujica – Senador del MPP (Frente Amplio)

«No me gustan mucho estas cosas, pero las tengo que acatar porque vivo en el mundo que vivo, y somos un país de 3 millones de habitantes», destacó el ex presidente. Y agregó: «Hay una gran presión internacional. Está el poder que no vemos, que es el de la concentración de la riqueza».

«Es posible que haya alguna injusticia, y es posible que cometamos algún error, pero me parece que la dirección hacia dónde vamos es lo más correcto si queremos ser un país de trabajo», siguió. Y concluyó que «a la inmensa mayoría del país (la ley) ni le va ni le viene».

El Frente Amplio afirmó que «la opacidad» quedó atrás y el país apuesta ahora a la transparencia. Del otro lado, senadores blancos y colorados se quejaron «del servilismo» del oficialismo que «salió corriendo a aceptar las presiones de la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)».

De acuerdo a lo que publica El Observador, se cuestionó fuertemente que el proyecto parta de «la sospecha» de que todos son evasores. Más allá de las críticas, la oposición votó dividida.

El Partido Colorado y el senador Daniel Bianchi, del Partido de la Gente, rechazaron el proyecto. En el Partido Nacional, Alianza respaldó el texto con salvedades y el sector Todos no lo ampañó.

Por su parte, el Partido Independiente apoyó en general y rechazó artículos sobre el nuevo poder de la DGI. Pablo Mieres, que votó en general el proyecto, utilizó el argumento de ponerse «en los zapatos de los que están en el gobierno».

A nivel de juristas y tributaristas, se advirtió en el Parlamento que artículos del proyecto de transparencia fiscal son inconstitucionales por afectar el derecho a la intimidad.

En el centro del debate estuvo el poder que se le otorga a la DGI. «Ese es el tema central», afirmó el senador colorado José Amorín.